El General Primo de Rivera firmó en junio de 1926 un Decreto suprimiendo la escala cerrada en el Ejército y, unos días más tarde, otro regulando el sistema de ascensos por elección dentro de las Fuerzas Armadas. Estas acciones fueron el origen de uno de los problemas más graves a los que tuvo que hacer frente el militar jerezano durante su etapa como Jefe de Gobierno: el denominado "conflicto artillero".
Aunque la escala cerrada constituía un freno en la carrera de los oficiales del Arma de Artillería, estos la admitían como único medio de enfrentarse a los frecuentes casos de amiguismo que se daban en los ascensos por méritos de guerra o elección directa. Desde la promoción del año 1901, nada más finalizar el acto de entrega de despachos en la Academia de Segovia, los nuevos Tenientes firmaban, en presencia del Coronel Director de la misma, un compromiso por su honor de renunciar a aquellos ascensos que no le correspondiesen por antigüedad. Esta actitud chocaba con los criterios del llamado "Ejército de África" que veía en los ascensos por méritos de guerra y recompensas una manera rápida de escalar grados. Pero quienes más presionan al Marqués de Estella para su supresión son los integrantes de la inoperante camarilla que sestea al abrigo del favor de Alfonso XIII y su entorno. Los artilleros designan al General Haro para entrevistarse con Primo de Rivera, pero este permanece obstinado e intransigente en sus medidas. Los artilleros deciden entonces adoptar la resolución de solicitar el pase a la reserva antes que aceptar el ascenso; de hecho, varios oficiales ascendidos por el Gobierno, presentaron de manera inmediata su renuncia. El día 20 de agosto, con las negociaciones rotas por ambas partes, los artilleros ordenan el acuartelamiento de las tropas y se declaran en rebeldía. Alfonso XIII impone el 5 de Septiembre de 1926 el estado de guerra, incauta los cuarteles e instalaciones de artillería, suspende de empleo y sueldo a todos los jefes y oficiales del arma prohibiéndoles el uso del uniforme y deja exentos del deber de obediencia para con ellos al resto de los militares sea cual fuese su empleo; en otras palabras, disuelve el Arma de Artillería. Primo de Rivera estaba convencido de que muchos oficiales, particularmente los de graduaciones inferiores, harían causa común con las tesis del Gobierno, pero se equivocó. Los artilleros permanecieron unidos incluso en el caso de la tropa, la cual, aunque se había dado permiso para desobedecer a los mandos y abandonar los destinos, permaneció en los cuarteles leal a sus Jefes. Ante esta situación, el Ministro de la Guerra ordena a las fuerzas de infantería y caballería que tomen los recintos militares y detengan a los oficiales rebeldes; al conocer esta orden, los artilleros, para evitar un enfrentamiento con sus compañeros, deponen su actitud. Aparentemente, el Gobierno había triunfado; más solo eso, aparentemente. Transcurridos unos meses, el vacío creado con la desaparición del Arma y la insostenible situación que había creado el Decreto de disolución, mueven al Rey a presionar a su Jefe de Gobierno para que se readmita a los expulsados, dictándose el 17 de noviembre un Decreto en tal sentido al que se acogen la inmensa mayoría de los afectados. No obstante, en un importante número de ellos ha arraigado un fuerte resentimiento contra Primo de Rivera, haciendo partícipe de este rencor a Alfonso XIII de quien consideran nunca debió firmar el Decreto de disolución. El tenso "status quo" se rompe el 4 de noviembre de 1928 durante el acto de celebración de la Patrona del Arma en la Academia de Artillería a resultas de ciertos incidentes por los que se procesa a varios cadetes alumnos. Un mes más tarde ya está en marcha una conspiración militar, "la Sanjuanada", para derrocar al Dictador.