Además del gravísimo problema que para la nación suponía la guerra fratricida originada por los derechos dinásticos, la Reina Gobernadora, María Cristina de Borbón, viuda del taimado Fernando VII, hubo de sufrir la permanente hostilidad del estamento reformista más exaltado del Partido Liberal. El Presidente del Consejo de Ministros, el granadino Martínez de la Rosa, cuyo gobierno se mantenía en un precario ejercicio de equilibrismo político desde que se produjeran las matanzas de religiosos al grito de ¡Mueran los frailes!, ya saben, aquel desgraciado episodio del cruel bulo que devino en asalto a conventos, saqueos y asesinatos en el Madrid de 1834, tuvo su golpe de gracia con el pronunciamiento militar ocurrido en la capital el día 18 de enero del año siguiente. Encabezados por el Oficial de Infantería don Cayetano Cordero, los sublevados querían mostrar su oposición al proceder antiliberal del Ministerio de la Guerra, dirigido a la sazón por el General don Manuel Llauder Camín, y en los enfrentamientos que se produjeron con las fuerzas mandadas por el Gobierno resultó muerto el General don José de Canterac, héroe de las guerras en Hispanoamérica. La negativa de las potencias cofirmantes de la Cuádruple Alianza a proporcionar a los isabelinos la ayuda militar que él consideraba imprescindible para derrotar a las tropas del Pretendiente provocó la renuncia del señor Martínez de la Rosa el 7 de junio. Tratando de contener el movimiento revolucionario, la Reina nombró sucesor a don José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, Vizconde de Catarrosa y Conde de Toreno. Ferviente defensor de los principios liberales, las concesiones con que quiso frenar el descontento obraron el efecto contrario. La disolución de la orden de los jesuitas y el cierre de aquellos conventos que no superaban un mínimo de profesos, amén de atraer la animadversión de la Santa Sede -el Nuncio Vaticano abandonó España-,  provocó graves disturbios en las regiones de Aragón, Valencia, Murcia y Cataluña, siendo la ciudad de Barcelona donde se vivieron las más sangrientas jornadas anticlericales. El Conde de Toreno, incapaz de dominar esta explosión de anarquía, entregó su cargo el 15 de septiembre, siendo sustituido por su Ministro de Hacienda, el economista y financiero gaditano Juan Álvarez Mendizábal. Masón y conspirador revolucionario, Mendizábal suprimió por Decreto la mayor parte de las comunidades religiosas establecidas en España, enajenando sus bienes. Tan drástica medida no solo no aportó el líquido que se necesitaba para sufragar la guerra carlista y remontar la deuda que acumulaba el Tesoro, sino que, efectuada la venta en desacertadas condiciones, su aspiración de crear una clase media regeneradora se vio truncada al ser máximos beneficiarios los poderosos latifundistas y terratenientes. Como alguien acertó a decir, la desamortización convirtió a los ricos en más ricos y a los pobres en paupérrimos. Duramente criticado por el sector moderado y falto de los fondos necesarios para ejecutar sus proyectos, la pública retirada de la confianza de la Reina le forzó a presentar su dimisión tal día como hoy de 1836. Volvería a encargarse de la Cartera de Hacienda en dos ocasiones, primero, llamado por el radical don José Calatrava, y, más tarde, en el gobierno esparterista de don Álvaro Gómez Becerra. Al llegar al poder el General Narváez, Mendizábal se exilió en su querido Londres. Regresaría a España en 1847, y hasta su muerte, seis años más tarde, tuvo escaño de diputado en las Cortes por el Partido Progresista.

Imagen: Retrato del personaje.